La hemeroteca audiovisual como procomún
[Este texto es un borrador de trabajo que presentaré en el laboratorio del procomún del Medialab-Prado de Madrid el próximo 6 de mayo]
Se habla mucho de “periodismo ciudadano” y muy poco de los derechos del ciudadano sobre el periodismo, de la sociedad sobre la producción informativa. Si los medios de comunicación se llaman sociales, habrá que hacer social lo que producen, más aún si tenemos en cuenta que la materia prima de su construcción es la sociedad misma. Si estamos representados y construidos por los medios -recordemos su función social, el derecho a la información que prestamos y sus privilegios jurídicos-, deberíamos tener derecho como ciudadanos a acceder libremente a toda su producción retrospectiva. La prensa está más o menos cubierta en las bibliotecas, aunque el acceso debería ser abierto y universal (internet). Los medios audiovisuales, en cambio, son una apisonadora de lo efímero. ¿Cómo si no poder ejercer un derecho de acceso, consultar un “cuando dijo digo…”, utilizarlos en una clase, investigar sobre ellos, etc.?
La idea de la hemeroteca audiovisual como procomún reivindica el derecho de acceso y uso de los archivos audiovisuales de los medios de comunicación y promueve la búsqueda de soluciones para la libre disposición de los mismos. Se fundamenta en la naturaleza de servicio público de la radiotelevisión española, un carácter que compete tanto a los medios de titularidad pública como a los de titularidad privada -como concesionarios de frecuencias que pertenecen en sí mismas al procomún puesto que el aire es de todos y no es de nadie-.
La producción de los medios de comunicación son construcciones de la realidad más inmediata, representan la sociedad y la mediatizan. En la tradición clásica se dice que son notarios de la actualidad. Son más que eso, pero esa definición nos sirve para entender su papel como productores de memoria histórica e imaginario colectivo.
Todos sabemos que una consulta a los periódicos de hace 30 años nos proporciona una interesante mirada sobre la sociedad de su tiempo. ¿Y una consulta a la televisión de entonces? ¿Y a la radio? En el primer caso tenemos ciertos canales para localizarla, aunque no suficientes porque todavía queda mucho para que todas las hemerotecas estén online y abiertas, en última instancia siempre nos quedará el recurso de la Hemeroteca Nacional. En el caso de la radio y la televisión, tenemos un grave problema. Si alguien ha intentado recuperar un programa que vio o escuchó en un momento dado y no tuvo los reflejos de grabarlo en el instante, sabrá de qué habló. Empieza entonces la carrera de obstáculos por las cadenas, sin garantía de que se canalice la consulta y menos aún de dar con el documento deseado aun ofreciendo pagar por ello. Resultado: frustración. Ahora con internet, nos queda la esperanza de que le haya interesado también a algún duende de YouTube y encontrarlo online. Pero tampoco hay garantía de que lo encontremos. Resultado: más frustración.
Así como la conservación y disposición de la hemeroteca en prensa es una tradición en la cultura bibliotecaria, no ocurre lo mismo con la producción audiovisual como sí sucede en otros países. Varias razones han contribuido a generar esta laguna, sobre todo de índole económica por los medios técnicos que requiere, pero también por falta de voluntad o, lo que es más preocupante aún, porque ni siquiera se haya contemplado como necesario.
Los archivos audiovisuales de los medios de comunicación son conservados por las propias cadenas de radio y televisión como una fuente más de su explotación comercial. Por el contrario, considerarlos como un bien común implica que sean considerados parte de la cultura de los ciudadanos y que disponga de un régimen de protección especial.
Acceso y cultura de la remezcla
Cuando hablamos de acceso, lo hacemos en un sentido amplio, no sólo de “exposición” a los contenidos, sino de apropiación de los mismos. Es decir, de ir más allá de la mera reproducción del modelo broadcast, disfrazado en streaming en su versión online, y permitir la reutilización de los documentos. Para ello es necesario que los contenidos puedan ser descargados, grabados y susceptibles de remezcla.
Ámbito de actuación. Posibles pasos
Uno de los argumentos en contra de esta reivindicación apela a la titularidad de los derechos de la propiedad intelectual de los documentos audiovisuales. Las cadenas dirán que no pueden poner a disposición del público materiales sobre los que no tienen los derechos (programas, películas, etc.), como nos contestó un responsable de Canal Sur en el pasado Festival Zemos98 a una pregunta sobre el tema. Pues bien, será necesario que se vayan renegociando los derechos sobre lo ya emitido y se tengan en cuenta para nuevas producciones. Mientras tanto, no nos quedemos anestesiados por esta cuestión, hay mucho por hacer:
1. Disponer de la producción de programas informativos, que por su propia naturaleza ya pertenecen a las cadenas. Desde RTVE se ha iniciado un proyecto de digitalización de archivos que ya de por sí es interesante, pero incompleto: no basta con “verlos”, es necesario poder “tenerlos”. Download please.
2. Buscar fórmulas para regular su uso libre y conjugarlos con los derechos de explotación comercial de las cadenas. Una posible solución pueden ser las licencias Creative Commons o similares, que permitan la reutilización de los materiales para fines docentes, de investigación, de creación, etc. En Estados Unidos hay un movimiento interesante en defensa del Fair Use para las producciones audiovisuales documentales.
3. Buscar sistemas para articular la disposición y acceso a los documentos. Una de las excusas para no permitir la descarga de los programas es el coste del ancho de banda, puesto que los documentos audiovisuales todavía requieren de mucho espacio en disco e incrementan las tasas de transferencia de los servidores -aunque es un coste que tiende a reducirse-. Pues bien, que sea un gasto a considerar en próximos presupuestos, que se compartan partidas -el Ministerio de Cultura p. ej. debería tomar parte también- y que se experimenten otras fórmulas, como el copiado ad-hoc desde las bibliotecas o la creación de mirrors. No vale la excusa de que es “caro”. Como contribuyente me puede parecer una tomadura de pelo que no se atienda a esta necesidad cultural mientras se derrochan millones de euros en multiplicar ministerios, por poner un ejemplo.
Todo es cuestión de voluntad, de reconocer este derecho y de actuar en consecuencia. En el Laboratorio del Procomún seguiremos pensando y trabajando en esta línea, para estudiar el problema, buscar argumentos de apoyo y articular posibles soluciones.